Las empresas de seguridad privada vinculadas a la red de tráfico de armas y huachicol en la que participaba Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, obtuvieron en el sexenio anterior numerosos contratos millonarios para la vigilancia de instalaciones gubernamentales, incluyendo a la propia Fiscalía General de la República, que actualmente las investiga.
Según un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, basado en la información disponible en el portal de ComprasMx de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Compranet) y en datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA) recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos de la FGR, superando los 300 millones de pesos para la protección de sus instalaciones.
SEICSA es una de las cinco empresas que estaban implicadas en la adquisición, rematriculación y tráfico de armamento para la red de Rocha Cantú, según el expediente de la causa penal al que tuvo acceso MCCI.
La organización facilitaba armamento a grupos criminales, que recibían las armas con licencias de portación a nombre de las empresas de seguridad, lo que dificultaba la detención de los portadores en flagrancia.
De los contratos se deduce que SEICSA debía proporcionar servicios de seguridad y vigilancia en diversas sedes de la Fiscalía General de la República, así como en sus unidades administrativas y delegaciones en diferentes estados del país.
En 2021, la FGR otorgó a SEICSA un contrato por 181 millones de pesos para la vigilancia de las instalaciones de la dependencia.
SEICSA ha tenido como representante legal a Jorge Enrique Alberts Ponce, quien de acuerdo con la propia FGR era uno de los líderes de la organización y se encargaba de coordinar que las armas fueran rematriculadas y posteriormente distribuidas a otros grupos criminales.
Como lo dio a conocer MCCI, Alberts Ponce también participó en el desfalco multimillonario a Segalmex con otra empresa de su propiedad llamada Acurgen S.A. de C.V., la cual ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber participado en los desvíos de la Estafa Maestra.
Pero la Fiscalía General de la República no es la única que contrató a SEICSA para vigilar sus inmuebles, pues la compañía acumula entre 2018 y 2024 decenas de contratos con dependencias del Gobierno federal como CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, IMSS, INEGI, Capufe, Lotería Nacional, INEA, Infonacot, INBAL, INDEP, ASIPONA de Guaymas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Esto sin contar los otorgados por el Instituto Nacional de Migración para la vigilancia de estaciones migratorias que, aunque han sido documentados por medios, no se encuentran en su totalidad en las plataformas de contrataciones.
MCCI constató que el SAT le otorgó contratos a SEICSA para custodiar puntos fronterizos que han servido para el paso de combustible de contrabando, esquema conocido como huachicol fiscal, como es el caso de las aduanas de Tijuana, en Baja California, y Nogales y Guaymas, en Sonora.
Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), SEICSA –administrada por Jorge Enrique Alberts Ponce– vivió una bonanza que le dejó contratos por hasta 264 millones de pesos para otorgar el servicio de vigilancia y seguridad para los inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México.
MCCI reveló que Acurgen S.A. de C.V., en la que Alberts Ponce es accionista mayoritario, ha reportado como su domicilio el número 350 de la calle de Séneca en la colonia Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja de Manuel Bartlett.
El domicilio de Séneca 350 también es compartido con Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), otra compañía de seguridad cuyo director general es Christian Pablo Varela Escobedo.
En el expediente de la causa penal 495/2025 que se sigue contra la red criminal del dueño de Miss Universo, Varela Escobedo es mencionado como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las cinco compañías que eran usadas por la organización criminal para traficar armas.
Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., otra de las empresas señaladas por las autoridades por su participación en la red de tráfico de armas de Rocha Cantú, acumula entre 2021 y 2024 al menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos con dependencias federales como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y con la Sociedad Hipotecaria Federal.
Mientras que Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER), otra de las compañías implicadas en las actividades delictivas del , también obtuvo al menos tres contratos con Liconsa, en 2019 y 2020, por cerca de 5 millones de pesos.
