El sistema de justicia penal en México enfrenta importantes desafíos en la transición de denuncias a sentencias. Según el flujo procesal de la Fiscalía General de la República para 2025, una gran parte de los casos se queda estancada en etapas intermedias, lo que pone de manifiesto limitaciones estructurales en la investigación, la integración de expedientes y el seguimiento judicial.
En una primera fase, la tasa de determinación es del 60.38%, lo que indica que más de la mitad de las carpetas de investigación se concluyen en esta etapa inicial (82,880 casos).
Sin embargo, el proceso se reduce considerablemente en las etapas posteriores: solo el 16.18% de los casos se judicializan (22,054), y aún menos llegan a la vinculación a proceso, con un 9.26% (12,626). Finalmente, la tasa de sentencia se sitúa apenas en un 7.15%, equivalente a 9,738 casos, lo que ilustra la magnitud de la disminución en el avance de los expedientes.
Adicionalmente, el sistema enfrenta un considerable rezago, con 136,256 carpetas en trámite, lo que ejerce una presión adicional sobre la capacidad institucional. Este acumulado sugiere que no solo existen dificultades para llevar los casos hasta una sentencia, sino también para procesarlos con la velocidad requerida.
Estas cifras evidencian que, incluso de los delitos que se denuncian en el país, el problema va más allá: hay un desafío fundamental para fortalecer cada eslabón del proceso y garantizar que los casos no se queden en el camino.
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