La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de dar un paso que, más allá de lo jurídico, exhibe un problema de ética institucional. La ministra Lenia Batres participó en la sesión que resolvió a favor del ISSSTE, dirigido por su hermano Martí Batres, pese a que la ley y la práctica judicial establecen que un juez o ministra debe excusarse cuando existe un conflicto de interés evidente.
La justicia, que debería ser ciega, se mostró con los ojos bien abiertos hacia los vínculos familiares. La balanza, que debería estar equilibrada, se inclinó hacia donde más convenía. El resultado: un fallo que exime al ISSSTE de pagar miles de millones de pesos en impuestos locales, mientras los pensionados —los mismos que dependen de ese instituto— siguen esperando respuestas y recursos.
El problema no es solo el fondo del asunto, sino la forma. La Corte permitió que una ministra decidiera en un caso donde su imparcialidad estaba comprometida. Eso erosiona la confianza ciudadana en la independencia judicial y alimenta la percepción de que la justicia mexicana se acomoda como un acordeón: flexible y benévola con los amigos y familiares, cortante y rígida con los ciudadanos comunes.
La pregunta que queda es incómoda: ¿qué mensaje envía la Corte cuando tolera que sus integrantes actúen sin excusarse en casos de evidente conflicto? La respuesta parece clara: que la justicia no es ciega, que la balanza no está equilibrada y que el cobre ya se mostró.
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