Sinaloa, hervidero de corrupción * La encrucijada de Claudia * 3 errores graves y devastadores * Soberanía o credibilidad * Afectará comisiones del 2027 * Sinaloa Está perdida para los guindas * Perderá el Congreso * Riesgo de que el INE y Taddei hagan trampa * PRI * Alito * Chapo y Mayo cantaron * Dinero y armas del narco a elecciones * Velasco * SRE * Faltan: juicio de un juez de Distrito y un juicio de desafuero de Moya e Inzunza * CSP, impulsa relación con China * Mala señal en este momento con EUA
Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa.
Albert Camus (1913-1960) Escritor francés.
Los síntomas de la enfermedad terminal de Morena son evidentes. Mientras los grillos de izquierda y la Fiscalía General de la República, que ven que su reino se desmorona, salen en una defensa ridícula de aquellos que son los íconos de la corrupción, el narcotráfico y los excesos de poder.
Ante las defensas ridículas a Rocha Moya, Inzunza y el alcalde de Culiacán y otros 7 personajes de la vida política sinaloense, los morenitas, cortos de miras, no se ponen a reflexionar lo que vendrá. Sus miras son tan cortas que sólo ven parte del paisaje y ello los llevará a una debacle político-electoral, que suena materialmente imposible que ganen los comicios del 2027 a menos que hagan trampa y el INE avale ilegalidades, como lo ha hecho desde la llegada de Guadalupe Taddei.
El gobierno de Sheinbaum, en el ’2º piso de la 4T’ se encuentra en una encrucijada: terminar con el discurso de ’soberanía política’ y la credibilidad institucional. Es el momento más difícil del sexenio de la presidente ’con A’.
Si EU acredita pruebas sólidas, México enfrentará una disyuntiva histórica: extraditar a funcionarios de alto nivel y admitir una penetración criminal profunda, o negar la entrega y abrir procesos internos creíbles. Si no hace ninguna de las dos cosas, el mensaje internacional será devastador: que el fuero puede convertirse en refugio de impunidad.
Y, no lo deben olvidar en la 4T, tienen los argumentos de dos de los capos del crimen mexicano e internacional: Joaquín el Chapo Guzmán Loera e Ismael el Mayo Zambada, quienes están presos bajo el juicio de la corte de Nueva York.
Pero, parece que no entienden los legisladores guindas y en Palacio Nacional, ya que lo evidencian en sus discursos, que la acusación es de máxima gravedad institucional.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán Juan Gámez Mendívil y otros siete exfuncionarios o mandos de Sinaloa de participar en una conspiración con el Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
El Departamento de Justicia afirma que los funcionarios habrían filtrado información policial y militar, permitido el traslado de drogas y recibido sobornos. Todos deben ser considerados inocentes hasta sentencia firme.
El punto político explosivo radica que Nueva York no sólo acusa actos aislados de corrupción, sino de una presunta captura parcial del aparato estatal de Sinaloa. Quedó claro, como lo ha denunciado el líder del PRI, Alejandro Moreno, Alito, que Rocha habría llegado al poder en 2021 con apoyo de Los Chapitos mediante intimidación y secuestro de adversarios, a cambio de protección gubernamental.
Esa hipótesis, si se probara, convertiría la acusación en un expediente de narcopolítica estructural, no sólo de narcotráfico, en la que involucra a toda una organización criminal que gobierna esa entidad y al país, desde el gobierno de López Obrador.
Pero, vayamos a la suerte de Rocha Moya e Inzunza.
El Tratado con EU, permite extraditar por delitos graves que también sean delito en ambos países. Narcotráfico, delincuencia organizada, armas, secuestro y homicidio cumplen, en principio, el estándar de doble incriminación.
Pero Estados Unidos debe presentar por vía diplomática la solicitud, la orden judicial, relación de hechos, tipos penales, penas, prescripción, datos de identidad y pruebas suficientes que justificarían la aprehensión y enjuiciamiento en México si el delito se hubiera cometido aquí. Las pruebas suficientes se presentan ante un juez y este decide.
El Tratado dice que México no está obligado a entregar a sus nacionales; el Poder Ejecutivo puede hacerlo ’a su entera discreción’ si sus leyes no se lo impiden. Si no extradita, debe turnar el expediente a sus autoridades para que investiguen o ejerzan acción penal.
De esa forma el juez no determina solo. En México el procedimiento es mixto: intervienen juez de distrito (federal) y y la SRE que encabeza. La Ley de Extradición Internacional establece que el juez remite expediente y opinión a SRE, que administra Roberto Velasco. Al final, este, es el que resuelve si concede o rehúsa la extradición. Es decir: aunque un juez opine favorablemente, la decisión formal final pasa por el Ejecutivo vía SRE.
Para un gobernador y un senador en funciones, antes de detenerlos o someterlos a procedimiento penal en México tendría que resolverse la declaración de procedencia, el llamado desafuero, ante la Cámara de Diputados. La declaración de procedencia no juzga culpabilidad: sólo retira la inmunidad procesal para que pueda actuar la justicia penal. Lo que se ve materialmente imposible con mayoría calificada por Morena y sus satélites.
Ahora bien, México puede usar políticamente, como lo ha hecho Claudia, el argumento de ’defensa de la soberanía’. Pero, jurídicamente, no basta decir ’soberanía’ para incumplir el Tratado.
México tendría que fundar la negativa en falta de pruebas, violación al debido proceso, persecución política, pena no admisible, prescripción, cosa juzgada, deficiencias formales o decisión discrecional respecto de nacionales.
Pero una negativa sin investigación mexicana seria tendría costo diplomático enorme y un daño en las relaciones con nuestro principal socio comercial, que se queja que en México, se producen drogas muy peligrosas que han matado a miles de estadounidenses.
Lo que queda fuera de dudas, es que Claudia camina sobre una cuerda floja. Si protege a Rocha (amigo y probable socio de AMLO en sus lazos con el crimen) aparece como ’cómplice’ y si los entrega rápido se ve sumisa a EU.
La salida más inteligente no es negarse ni entregar de inmediato. Es abrir una investigación mexicana fulminante, autónoma y pública donde la FGR, UIF, Marina, Guardia Nacional y SRE revisando pruebas, al mismo tiempo que pidan a EU el expediente completo.
Por el momento, debe separar ’temporalmente’ de sus cargos a los señalados e iniciar desafuero donde proceda, así como ofrecer cooperación judicial sin aceptar órdenes políticas externas.
Ojalá y Claudia haya entendido que su discurso deberá ser:
’México no extradita por presión; México investiga, procesa y, si hay pruebas, extradita conforme a derecho.’
Y, evitar tres errores:
1.- Defender a Rocha, Inzunza y demás acusados, como compañeros de partido. 2.- Cerrar filas con el argumento de ’ataque político’.
3.- Entregar sin procedimiento. La mejor solución es convertir el caso en prueba de Estado: si hay evidencia, que caigan aunque sean de Morena; si no la hay, que México lo demuestre jurídicamente, no con discursos.
Si Sheinbaum actúa con transparencia, gana autoridad; si politiza el caso, el costo será internacional y moral, con repercusiones electorales para el 2027, aunque todo mundo sabe que EU irá contra la mafia de Macuspana.
PODEROSOS CABALLEROS
MALA SEÑAL: Sheinbaum, lanzó una señal sobre su agenda internacional: China es prioridad. Durante su conferencia matutina de ayer, confirmó que tiene la intención de asistir en noviembre a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, lo que podría dejar a España esperando.
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