El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios activos o exfuncionarios mexicanos.
Esto se basa en testimonios de Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes podrían estar actuando como testigos protegidos a cambio de beneficios legales. Se les imputa su probable participación en el tráfico de drogas al asociarse con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos, así como por posesión de armas.
Los otros acusados incluyen al senador Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega (exsecretario de Finanzas de Sinaloa), Damaso Castro Saavedra (vicefiscal de Sinaloa), y varios exjefes de la Policía de Investigación y un exsecretario de Seguridad de Sinaloa, entre otros. Según la fiscalía estadounidense, todos estos individuos están estrechamente vinculados a la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La fiscalía afirma que estos acusados han abusado de sus posiciones de confianza para facilitar las operaciones del cártel. Rubén Rocha Moya, quien asumió el cargo el 1 de noviembre de 2021, habría llegado a ese puesto con el apoyo de Los Chapitos, usando tácticas de intimidación y secuestro contra rivales. Se dice que en reuniones con los hijos de El Chapo, Rocha Moya prometió protegerlos mientras distribuían drogas en Estados Unidos, permitiendo su operación con impunidad en Sinaloa.
Ovidio Guzmán fue liberado de una prisión de alta seguridad en Chicago en julio de 2025 tras declararse culpable de narcotráfico y asociarse a un programa de protección de testigos. Joaquín Guzmán está en proceso de negociar su culpabilidad en múltiples cargos, lo que podría permitirle convertirse en testigo protegido en futuros juicios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que los acusados ’han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de Los Chapitos’.
Al gobernador Rocha Moya lo acusan de haber llegado al cargo el pasado 1 de noviembre de 2021, luego de recibir apoyo de Los Chapitos: ’entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales’. A cambio de ello, el gobernador sinaloense habría mantenido reuniones con los líderes del Cártel de Sinaloa, en las que estuvieron presentes los otros hijos del Chapo: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. En ellas, supuestamente, Rocha Moya ’prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos […] permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa’.
La acusación de reemplazo bajo reserva, presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York afirma que el Cártel de Sinaloa mantenía una nómina sistemática. Un miembro de Los Chapitos, conocido como el jefe de plaza de Culiacán –se trataría de Néstor Isidro Pérez, alias el Nini, jefe de seguridad de Iván Archivaldo– recibía mensualmente una caja con dinero en efectivo y una ’lista de funcionarios corruptos’ con los montos que debían pagar a cada uno.
El Departamento de Justicia señala que Dámaso Castro Saavedra, exfiscal General Adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, habría recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales (200 mil pesos) en efectivo por parte de Los Chapitos. A cambio, presuntamente ofrecía protección contra posibles detenciones y alertaba anticipadamente sobre operativos de las fuerzas del orden; particularmente aquellos relacionados con investigaciones de la DEA, proporcionando incluso información específica sobre laboratorios clandestinos y miembros del grupo criminal que eran objetivo de las autoridades estadunidenses.
El expediente también da cuenta de un presunto esquema de sobornos dentro de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal. Según la acusación, Marco Antonio Almanza Avilés, y posteriormente su sucesor, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, habrían recibido cerca de 16 mil dólares mensuales en efectivo desde 2017 hasta febrero de 2026.
Además, refiere que Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán, habría aceptado aproximadamente 41 mil dólares mensuales en sobornos entre 2018 y 2024. Según el documento, esos pagos habrían garantizado apoyo operativo y protección a favor de la estructura criminal.
Otro señalamiento contra Valenzuela Millán y elementos bajo su mando se relaciona con su supuesta participación directa en el homicidio de un informante del gobierno estadunidense. La acusación sostiene que en octubre de 2023 habría colaborado con Los Chapitos en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA, identificado como Alexander Meza León. Junto a esta persona fue asesinado un menor de 13 años, en represalia por haber cooperado con autoridades estadunidenses en investigaciones y procesos judiciales contra líderes de esa facción del Cártel de Sinaloa. Ese asesinato habría sido ordenado por Néstor Isidro Pérez. Con información de CONTRALÍNEA
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